La situación de la educación peruana es preocupante desde el ángulo que uno lo observe. El salario de los docentes no solo ha crecido por debajo del resto de los profesionales, como destaca el investigador Hugo Ñopo, sino que el tiempo que demora un docente en avanzar en cada escala remunerativa es extenso.
Para entender por qué los maestros se encuentran en las calles debemos hacer referencia a algunas leyes que está semana volvieron a ser cuestionadas. Empecemos con la ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial (LRM), que estableció que la organización de la Carrera Pública Magisterial deberá estar estructurada en escalas magisteriales y áreas de desempeño laboral. ¿Qué significa?
¿Meritocracia?
Veamos, las escalas magisteriales son la clave para que los maestros puedan ascender y percibir una mejor remuneración. Actualmente, los profesores de la primera escala deben esperar 2 años para pasar al siguiente nivel, mientras que para pasar de la séptima a la última escala deben tener un tiempo de permanencia de 4 años.
Las remuneraciones en promedio se encuentran en el rango de los S/2.085, monto que ha sido considerado por los educadores como insuficiente, ya que en muchos casos tienen que trabajar en dos instituciones para mantener a sus familias. Pero la remuneración no solo influye en el presente, sino también en el monto que recibirán al jubilarse. Aunque resulte increíble, existen profesores que perciben menos de S/700 como pensión.
A tomar nota
Es necesario recordar que según especialistas como Leon Trahtemberg y Hugo Diaz, en algunas ocasiones las evaluaciones que han tenido que seguir los maestros han estado llenas de errores, han circulado las pruebas y claves de respuestas antes de los exámenes, se han registrado a profesores que copiaban y recibían mensajes por celular mientras rendían las pruebas, o extrañas coincidencias en los puntajes de los integrantes del mismo grupo familiar.
Además, existen diferencias entre profesores nombrados y contratados, estos últimos no están considerados en ninguna escala de la Ley de Reforma Magisterial. Por eso fue necesario que se aprobara el Decreto Supremo N° 191-2017-EF, que según el Minedu permitirá que todos los profesores contratados nivelen "su jornada de trabajo y sueldo con los profesores nombrados de la primera escala de magisterial".
De otro lado, tenemos leyes como la 29510, que eliminó la exigencia de colegiatura para ejercer la docencia. Crecí en un entorno que me enseñó que ser maestro no se limita a repetir lo que dicta un libro, sino en educar, acompañar, incentivar un aprendizaje crítico, por eso son formados con conocimientos que cruzan ramas como la psicología. Sin embargo, leyes como esa no hacen más que subestimar la formación que debe tener una persona para ejercer la docencia ¿y así buscamos elevar la calidad educativa?
Educación no es un derecho
Nuestro país tiene normativas que han reafirmado el concepto de que la educación es un servicio. Estudiar en el Perú dejó de ser un derecho hace muchos años, muchos talentos se pierden porque no pueden acceder a instituciones como lo son las academias, o simplemente no son capaces de costear lo que se exige una lista escolar, o el monto de las matriculas. Pero, veamos las cifras.
De acuerdo a los últimos datos del INEI, el número de alumnos matriculados en el sistema educativo según departamentos, ha tenido un comportamiento mixto, ya que en 13 casos el indicador retrocedió, es decir, hubo menos alumnos matriculados, y en el resto de los casos (12) la cifra se elevó.
En manos privadas
La privatización en el Perú se vio impulsada por el Decreto Legislativo 882 de Promoción de la Inversión Privada en Educación, que data del año 1998. El decreto procuró desregular la actividad privada en educación permitiendo el lucro y concediendo créditos tributarios a inversores privados, como indica María Balarin. "Esta norma reguló una serie de beneficios, que se traducen en una serie de exoneraciones y créditos contra el Impuesto a la Renta", recuerda Actualidad Empresarial.
Se dijo que estos beneficios tributarios ayudarían a cerrar las brechas en la educación, la pregunta es ¿lo han hecho? O como en el caso de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) el dinero de las familias ha estado destinado a expandir el "negocio", aún cuando eso significaba elevar significativamente el costo de la pensión.
Como decía la periodista Zenaida Condori Contreras, "la obligación del Estado es garantizar la gratuidad de la enseñanza. Sin embargo, "esta máxima" acuñada en la Constitución Política sólo figura en el papel".
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