Las masivas movilizaciones contra el gobierno de Manuel Merino y la concentración de poderes sirvieron para visibilizar la violencia policial que derivó en el fallecimiento de Jordan Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22). Desde perdigones de plomo, canicas, hasta disparos de bombas lacrimógenas al cuerpo, pese a que organismos internacionales han advertido que se hizo “un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza” existe resistencia a sacar adelante una reforma policial en el país.
Aquel sábado 14 de noviembre todos eran conscientes de que los convocaba un fin mucho más noble: la renuncia del gobierno ilegítimo de Manuel Merino. Miles de jóvenes irradiaban una complicidad que parecía confrontar las normas de una sociedad fragmentada. Muestra de la cohesión que existió aquel día fue la participación de barristas. “Estaba en la Plaza San Martín, algunos hinchas estaban saltando y empujándose. De pronto veo a un barrista aliancista chochando con un barrista de la “U”. Se levantaron y se tiraron un puñete cada uno. Uno de los que estaba presente dijo: “qué les pasa, todos somos peruanos. Estamos por otro motivo”. Los dos se miraron y dijeron, “ah verdad”. Se abrazaron y comenzaron a saltar juntos. Fue impresionante”, indica un joven que participó en las manifestaciones.
La unión y el ingenio expresado en pintorescos carteles hubieran caracterizado el sexto día de las movilizaciones contra Merino, de no ser por la respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP). El enfrentamiento comenzó al promediar las 7:30 de la noche. Policías disparando perdigones a solo 10 metros de distancia, apuntando directamente al cuerpo de los manifestantes, más de 30 bombas lacrimógenas lanzadas en segundos, perdigones cayendo por doquier. Y tal vez una de las cosas que más sorprendió a los brigadistas, heridos por proyectiles de armas de fuego. “Yo he atendido heridos con balas, no perdigones. Balas de plomo, tal cual, de una pistola”, relata uno de los brigadistas que participó como parte de la Brigada Médica Lima.
Daniel Goicochea, vocero de la Brigada Voluntaria Perú, señala que solo el sábado atendieron aproximadamente a 150 personas, entre las que estaban heridos por perdigones y personas que presentaban cortes, entre ellas un fotógrafo de la agencia de noticias AP. El brigadista recuerda que en una ocasión se tuvo que evacuar a un joven que tenía una herida profunda en la cabeza y que estaba desorientado en tiempo y espacio. “Ese es un signo de un TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano)”, manifiesta.
Los relatos coinciden con el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que se dio “un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza” el 14 de noviembre, dejando como saldo al menos 107 personas heridas por lesiones por proyectiles, inhalación de gases tóxicos y politraumatismos, según reportes del Ministerio de Salud y de EsSalud, y el fallecimiento de dos jóvenes, Jordan Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22).
SIN SEÑALES CLARAS DE AVANCE
Los testimonios desgarradores que recogió la CIDH, la confirmación de un nuevo fallecido en el marco de las movilizaciones contra el régimen laboral agrario —el trabajador agrario Jorge Muñoz Jimenez fue herido por un proyectil de arma de fuego, la munición fue entregada a la PNP y no se permitió la participación de un abogado en la necropsia— y las denuncias por corrupción y por alquiler de armas a delincuentes han avivado el debate de una reforma policial en el país.
Los testimonios desgarradores que recogió la CIDH, la confirmación de un nuevo fallecido en el marco de las movilizaciones contra el régimen laboral agrario —el trabajador agrario Jorge Muñoz Jimenez fue herido por un proyectil de arma de fuego, la munición fue entregada a la PNP y no se permitió la participación de un abogado en la necropsia— y las denuncias por corrupción y por alquiler de armas a delincuentes han avivado el debate de una reforma policial en el país.
“Esperemos una pronta reestructuración de la institución, por el bien de todo”, “Tiene que haber una reforma general de la policía, desde la escuela donde son entrenados que clase de filtros llevan para la admisión de voluntarios”, “Al parecer en este país cualquiera puede ser policía”, “La policía del Perú necesita urgente una limpieza profunda”, “Con tanta corrupción y delincuencia dentro de la institución pues se deben tomar medidas drásticas para tratar de recuperar la honra de la institución”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales en torno a la PNP.
Si bien el presidente Francisco Sagasti designó a fines de noviembre a un nuevo comandante general de la Policía, César Cervantes Cárdenas; anunció el pase a la situación de retiro de 18 generales de la PNP y ordenó la instalación de una comisión de modernización de esta institución y gerentes públicos para la gestión de sus recursos, hasta el momento existe mucha incertidumbre de parte de la sociedad civil.
La resistencia al cambio y la presión que existe de determinados sectores ha sido más que evidente en las últimas semanas. En un comunicado público, ex mandos militares encabezados por Francisco Morales Bermúdez Cerruti instaron al Estado a respaldar las acciones de una policía nacional "debidamente empoderada e institucionalizada" y rechazaron "el procedimiento llevado a cabo en el reciente relevo del Alto Mando de la PNP". La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú también rechazó la designación de Cervantes como comandante general de la PNP.
A eso se suma la renuncia del exministro del Interior, Cluber Aliaga, quien defendió el actuar policial en el Congreso y se mostró a favor de reintegrar a generales retirados. En su exposición, Aliaga sostuvo que los miembros de la PNP fueron víctima de agresiones "delincuenciales". Asimismo, hizo hincapié en que los manifestantes habrían dañado bienes públicos. “La protesta no era pacífica para nada”, aseguró Aliaga. Al respecto, la CIDH manifiesta que el hecho que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas.
Pese a la oposición y al interés de que se individualice responsabilidades en la PNP y no se haga una reforma integral, representantes de la sociedad civil continúan compartiendo propuestas para alimentar el debate de una reforma. Una de las propuestas más completas que se ha desarrollado en el Perú es la de IDL, institución de la sociedad civil cuyo fin es la promoción y defensa de los derechos humanos. Su propuesta abarca desde el perfil y el proceso de profesionalización de la PNP, hasta los mecanismos de control civil institucional de la PNP y el trabajo en comisarías.
Algunas de las alternativas que sugieren es que se cree mecanismos que eviten los ascensos y nombramientos arbitrarios dentro de la institución y que sobre todo se basen en criterios meritocráticos; se modifique la malla curricular de la Escuela de Oficiales y Suboficiales para incluir un enfoque transversal de derechos humanos y se suspenda el uso de armas de fuego letales y de armas no letales cuya utilización puede constituir grave amenaza para los derechos fundamentales.
Las heridas emocionales y físicas que dejaron perdigones, canicas y bombas lacrimógenas aún siguen latentes. Las investigaciones por parte del Ministerio Público para esclarecer los hechos que derivaron en la muerte de Inti y Bryan y la afectación de varios jóvenes continúan su rumbo. Ha transcurrido un mes y las víctimas del abuso policial no encuentran respuesta, ni garantía de que la institución que debía protegerlos no volverá a agredirlos.
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