CRONISTA ETERNA

miércoles, 15 de agosto de 2018

A 11 años del terremoto en Pisco: El tortuoso camino de la reconstrucción

Viviendas inhabitables, postes recostados sobre el suelo, niños que dormitaban en las calles, y se emocionaban cada vez que veían venir un camión, esa es la imagen que observe días después de que se produjera el terremoto de 7.9 grados que devastó la región Ica. Once años después, muchas personas siguen viviendo en lugares temporales, se reportan colegios que siguen sin operar, y la demanda de la población se resume en una frase: "No nos olviden".

Terremoto dejó 596 muertos, 434.614 damnificados y más de 1.200 heridos en seis regiones del Perú
El camino que siguió el Perú para reconstruir el sur fue liderado en un primer momento por el empresario Julio Favre Carranza."Será el piloto, propulsor, promotor y tractor de la reconstrucción de Pisco", aseguraba en ese entonces el ex presidente Alan García. Así, el 29 de agosto de ese año se publicaba la Ley 29078, que oficializaba la creación del Forsur.

El costo de la reconstrucción
El 2007 el Forsur, entidad encargada de identificar los proyectos que debían priorizarse para la reconstrucción del sur, estaba adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sus facultades se podrían resumir en aprobar los proyectos sin la necesidad de que pasen por el SNIP. En palabras de Javier Cornejo, ex gerente de la entidad, ellos transferían recursos a los municipios, distritales, provinciales, y gobiernos regionales.

El 29 de agosto del 2009 se publicó la ley que creó Forsur
Fernando Neyra, investigador del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), afirma que entre el 17 de agosto del 2007 y el 28 de julio del 2010 el Forsur aprobó 1.070 proyectos; pero solo se financiaron con presupuesto 941 proyectos, por un monto mayor a los S/1.000 millones, y se culminaron 646 proyectos, lo que demandó S/470 millones.

"El techo de presupuesto para gastar fue de S/1.096 millones, ese techo se cerró el 28 de julio del 2010 cuando fue el último día de emergencia, de ese monto se gastó y devengó  hasta julio del 2011 S/470 millones", explica. Señala que la información sobre la ejecución de los proyectos ha sido corroborada con informes de la Contraloría y el Congreso de la República, sin embargo, aún no se sabe cuánto se ejecutó en total. "Eso no se tiene claro", subraya.

De forma aislada, entidades como el Ministerio de Vivienda han afirmado que desde el terremoto del 2007 hasta diciembre del 2012 se intervino con varios servicios. "Se entregaron S/169,6 millones en bonos (de S/6 mil) a unas 28.266 familias de Ica y Lima. Además, se desembolsaron S/54,3 millones en créditos de construcción y se entregaron 3.371 módulos de vivienda", indicaron a El Comercio.

La liquidación
Años después el Forsur, que en ese entonces era dirigido por el abogado Francis Allison Oyague, pasó al Ministerio de Vivienda, esta entidad fue la encargada de anunciar que el fondo iba a ser liquidado, sin embargo, técnicamente hablando esto aún no ha ocurrido, ya que como menciona el especialista esto depende de que concluya los procesos judiciales que siguen algunos proyectos, como son los casos que involucran al Banco de Materiales y Enace.
El Ministerio de Vivienda culminaría el proceso de liquidación del Forsur

"No existe aún una norma que declare concluida la liquidación de Forsur", afirma.Y continúa, "es que depende de los procesos judiciales de algunos proyectos que entraron a casación, eso no deja claro si se gasto o no. Técnicamente la liquidación culmina cuando se devenga el último sol".

Las denuncias
Hace nueve años, el programa Cuarto Poder denunciaba que en Chilca se habría distribuido el Bono 6000-ayuda de seis mil soles que se debía entregar a damnificados- a familiares de quienes integraron el Comité Distrital a cargo de la verificación de los damnificados, así como a personas que no había sufrido la destrucción de sus viviendas. Esto sería solo el inicio de una serie de denuncias que despertarían la indignación de miles de personas.

Eso motivó a que se conformará una comisión en el Congreso para investigar las presuntas irregularidades en la reconstrucción del sur. El informe final de la comisión fue aprobada el 7 de junio del 2013. Dicho documento, afirmó que el Estado distribuyó más de S/2 millones a personas que jamás figuraron en la lista de beneficiarios, y que en muchos casos no se otorgó el Bono 6000 a los empadronados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).



Según informaron medios locales, como Perú 21, el informe también concluía que el exjefe del Indeci, Luis Palomino, habría cometido delito de peculado “al apropiarse de 1,336 toneladas de donaciones”, junto con él fueron denunciados otras 402 personas.  El presidente de esta comisión, Rogelio Canches, "excluyó a última hora la denuncia constitucional que había propuesto contra el ex ministro de Economía del gobierno aprista, Luis Carranza", recuerda El Comercio.

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